martes, febrero 20, 2024
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Tribunal Mexicano Cancela Reforma Eléctrica del Presidente AMLO, Considerada Inconstitucional

En un fallo histórico, la justicia mexicana ha anulado la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentando que viola principios constitucionales y pone en riesgo la competencia en el sector energético del país.

El Tribunal Constitucional, en una decisión unánime, declaró la inconstitucionalidad de la ley energética propuesta por el Gobierno de AMLO. La reforma, promulgada en 2021, buscaba fortalecer a la empresa estatal de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de empresas privadas y renovables.

La resolución judicial destaca que la reforma infringía el principio de libre competencia, perjudicando a inversionistas y afectando el equilibrio del mercado eléctrico. La justicia subrayó la importancia de salvaguardar la inversión privada y promover un sector eléctrico eficiente y sostenible.

Esta decisión judicial representa un revés significativo para AMLO, quien había defendido la reforma como parte de sus esfuerzos para fortalecer la soberanía energética de México y apoyar a la CFE. Sin embargo, críticos, incluyendo empresarios y opositores políticos, argumentaron que la medida amenazaba la inversión y la transición hacia fuentes de energía más limpias.

El fallo del tribunal no solo invalida la reforma en cuestión, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar los principios constitucionales en la elaboración de políticas públicas, especialmente en sectores críticos como el energético.

El presidente AMLO ha expresado su desacuerdo con la decisión y ha anunciado su intención de apelar ante instancias superiores. En una conferencia de prensa, reiteró su compromiso con la soberanía energética y sugirió que la cancelación de la reforma podría afectar la estabilidad del suministro eléctrico en México.

El fallo del tribunal genera expectativas sobre el futuro de la política energética en México y cómo esta decisión podría influir en las relaciones entre el gobierno y el sector privado. La atención se centra ahora en cómo se desarrollarán los siguientes capítulos en esta disputa que involucra no solo cuestiones legales, sino también aspectos cruciales para el desarrollo económico y la sostenibilidad del país.

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