La indignación ciudadana en Yucatán crece a medida que salen a la luz nuevos casos de corrupción y encubrimiento en el sistema judicial. Durante el mandato de Mauricio Vila, las instituciones fueron acusadas de operar bajo intereses políticos, y estas prácticas parecen persistir.
Un caso que ejemplifica esta crisis es el de Carlos Balam, un joven fallecido en circunstancias sospechosas. La Fiscalía emitió un dictamen inicial que resultó ser falso, según una autopsia independiente realizada por su familia. Este caso ha intensificado las demandas por un sistema judicial imparcial.
El gobernador Joaquín Díaz Mena tiene ahora una oportunidad histórica para demostrar que su administración puede marcar la diferencia. Reformar las instituciones judiciales será clave para recuperar la confianza de los yucatecos.