Yucatán (Mérida, 14/2020) Según el comunicado del 14 de mayo de 2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la contingencia por el COVI-19, se actualizan la gravedad, urgencia y posible daño a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, de los habitantes de las regiones en donde avanza el proyecto del Tren Maya por lo que solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que suspendiera todas las actividades “no esenciales” relativas al proyecto denominado “Tren Maya.” En el comunicado no especifica a qué se refiere con actividades “no esenciales” pero asumimos son las enumeradas en los decretos que ha emitido la Secretaría de Salud al respecto de la declaración de Emergencia Sanitaria desde el 29 de marzo del año en curso. 

La medida es resultado de una queja presentada el día 6 de mayo por diversas organizaciones, personas y colectivos que argumentaron que la continuación de las obras del llamado Tren Maya en contexto actual de la pandemia del Covid-19 ponía en riesgo la salud, la integridad personal e incluso la vida de las comunidades afectadas por dicho proyecto. La queja también señalaba que continuar con esos trabajos impedía que las comunidades y pueblos participaran en las manifestaciones de impacto ambiental y social a la que todo megaproyecto debe someterse. 

Si bien las medidas no hacen referencia a la posible violación al derecho a un medioambiente sano, así como a las vulneraciones derivadas de la falta de consulta y consentimiento informado hacia las comunidades indígenas, sí evidencia la arbitrariedad con la cual el ejecutivo federal y específicamente Fonatur, han actuado al mantener, a toda costa y pasando por encima de los derechos de los pueblos, la implementación de un proyecto cuya sostenibilidad ha sido cuestionada por diversos sectores. 

En esa tesitura, es obligación del Ejecutivo Federal acatar dichas medidas e iniciar, una vez terminada la fase de contingencia sanitaria, un diálogo verdadero con las comunidades afectadas por dicho proyecto.