El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó las versiones publicadas por el diario The New York Times que lo señalan como presunto objetivo de investigaciones de autoridades estadounidenses por posibles actos de corrupción.
A través de una carta enviada al editor ejecutivo Joseph Kahn y al presidente A. G. Sulzberger, el mandatario estatal aseguró que no existe ninguna notificación oficial, ni en México ni en Estados Unidos, que confirme la existencia de una indagatoria en su contra.
“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”, expresó Durazo en el documento, en el que también solicitó una rectificación de la información difundida por el medio estadounidense.
La publicación del NYT, difundida el pasado 27 de junio, señaló que Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, formarían parte de una lista de funcionarios mexicanos presuntamente investigados por autoridades de Estados Unidos. El reportaje también afirmó que varios gobernadores y legisladores vinculados a Movimiento Regeneración Nacional habrían ofrecido colaborar como informantes en investigaciones relacionadas con integrantes de ese partido.
Ante ello, el gobernador sonorense sostuvo que las acusaciones carecen de pruebas verificables y afirmó que no existe ninguna actuación oficial conocida que respalde dichas versiones.
Durazo recordó además que semanas atrás fue mencionado por el diario Los Angeles Times en una publicación que lo vinculaba con una presunta investigación por narcotráfico y con la supuesta cancelación de su visa estadounidense. Sin embargo, desestimó esos señalamientos al asegurar que se trata de información sin fuentes confirmadas.
En su respuesta al NYT, el mandatario citó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador para cuestionar el impacto de las acusaciones públicas: “La mentira, cuando no mancha, tizna”.
La controversia surge en medio de recientes señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra diversos actores políticos mexicanos, lo que ha incrementado la atención sobre posibles investigaciones transfronterizas relacionadas con corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.