Yucatán considerado como el estado más tranquilo y seguro amenaza la labor de los periodistas, ya que en las últimas semanas el Poder Judicial se ha empeñado en lanzar ataques directos a través de citatorios donde exige “desaparecer” información de los medios digitales que revelan diversos casos de corrupción.
Organizaciones como Artículo 19 e Indignación lanzaron un comunicado en defensa de los compañeros para exigir el respeto a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información; en particular, el cese del hostigamiento judicial.
Aunque este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuya finalidad es destacar la labor de los periodistas y expertos en la comunicación, periodistas yucatecos resisten a este panorama al ser notificados por la Jueza de Control del Primer Departamento Judicial del Estado, Beatriz Bonilla González, quien ordenó a “Cambio del Sureste”, “Grillo de Yucatán”, “Infolliteras”, “Noticia al Punto”, “Yucatán al Segundo” y “Noticia Ciudadana” eliminar las notas relativas a la revocación de la jubilación de la ciudadana Leticia Noemí García Maldonado, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), notas de interés público por tratarse de posibles actos de corrupción.
En un caso similar, Artículo 19 denunció el caso de hostigamiento judicial en contra del periodista Eduardo Lliteras de Infolliteras.com, medio al que se le notificó el 18 de abril, de una demanda interpuesta en el juzgado tercero del primer departamento de justicia de Yucatán, por presunto daño moral contra el empresario Rafael Acosta Solís.
La denuncia se emite por la publicación de la investigación Denuncias ejidales de Smahil a Rafael Acosta Solís: se robó mochila con documentos y dinero de ejidatarios.
Eduardo Lliteras ya acumuló dos denuncias penales y una demanda por publicar notas relacionadas con el despojo de tierras ejidales y posibles actos de corrupción.
De acuerdo con Artículo 19, el empresario también demandó por publicaciones similares a “La Jornada Maya”, “Presidio”, “Lector Mx” y “Rompecabezas”, en donde reclama que se eliminen las publicaciones, además de una indemnización de 500 mil pesos.
En tanto, Indignación considera estos hechos como alarmantes por impedir el ejercicio periodístico, fiscalizar el poder y prohibir el actuar de las y los funcionarios, empresarios y limitar la información a la ciudadanía con asuntos de interés públicos.
Asimismo, el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hecho valer con incontables ataques a la prensa, tal es caso que realizó la sección “Quién es quién en las mentiras” en la cual difunde cada miércoles, desde Palacio Nacional, las supuestas mentiras de la prensa. En su conferencia matutina señala que noticias son “fakenews”, en caso de que una nota no beneficie a la 4T.
Desde términos como “Prensa Fifí”, “medios conservadores”, “pasquines” califica a los medios de comunicación; dedica diversas mañanas a criticar desde la personalidad, hasta el sueldo y bienes de los periodistas, en caso de que hayan criticado a su Gobierno.
Mientras tanto, el mandatario se concentra en campañas de odio para manipular a la población a linchar en redes sociales a profesionales que ya no combinan con sus intereses, desde Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, hasta Azucena Uresti han sido hostigados.
Por Lisseth Castro Alanis