El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso nuevas medidas cautelares contra nueve gobernadores y diputados que participaron en un mitin de Morena en Coahuila, para que se abstengan de asistir a eventos similares al señalar que se trató de un acto posiblemente ilegal y de campaña anticipada.

En el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias también se rechazó la tutela preventiva contra el canciller Marcelo Ebrard y otras 14 personas incluidas originalmente en las medidas cautelares, pero que no participaron en este evento.

Lo anterior, en cumplimiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó las medidas cautelares contra siete funcionarios, entre ellos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal.

A la tutela preventiva se suman los funcionarios que acudieron al mitin: Citlalli Hernández, secretaria general de Morena; las y los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como los gobernadores electos de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Quintana Roo, Mara Lezama.

Las medidas también fueron impuestas contra los diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, Mario Llergo y Andrea Chávez.

La consejera presidenta de la Comisión, Adriana Favela, subrayó que esto es una llamada de atención para que los partidos políticos y los aspirantes a un cargo público tengan claros los límites en los que pueden actuar.

“La Sala Superior dice que efectivamente podrían existir alguna circunstancia que pudieran ser considerados actos anticipados de campaña, y entonces hay que poner por encima los principios que rigen los procesos electorales por cualquier otro derecho que pudiera tener una persona en particular”, manifestó.

El consejero Ciro Murayama insistió en que se pueden realizar reuniones políticas, pero que no deben convertirse en actos proselitistas adelantados en el ámbito local y federal.

“Hay quien se pregunta: ¿se van a atender las medidas cautelares? Yo parto de que es una obligación de todos los ciudadanos y sobre todo de quienes ocupan cargos de responsabilidad, atender las sentencias de la máxima autoridad jurisdiccional, porque esta sentencia es definitiva e inatacable”, enfatizó el consejero Murayama.