Una demanda de nulidad fue interpuesta ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios en contra de Jervis Arsenio García Vázquez, actual dirigente sindical de los Trabajadores del Estado, por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de su reciente elección, celebrada el pasado 6 de febrero.
La denuncia fue promovida por Graciella Rosado Miranda, representante de la Planilla Blanca, quien señaló que el proceso estuvo marcado desde el inicio por prácticas que favorecieron de manera indebida al dirigente en funciones, vulnerando los principios de equidad, transparencia y legalidad que deben regir la vida sindical.
De acuerdo con la denunciante, García Vázquez habría condicionado la participación de las planillas opositoras al exigir la recolección de al menos 500 firmas, requisito que, asegura, fue utilizado como mecanismo de exclusión. Mientras tanto, presuntamente solicitó a autoridades gubernamentales permisos especiales para que sus simpatizantes pudieran ausentarse de sus labores y acudir a respaldarlo durante su registro.
Rosado Miranda afirmó que el pasado 30 de enero, en un horario de 12:00 a 16:00 horas, se llevó a cabo un presunto acarreo de trabajadores por parte de delegados sindicales, quienes movilizaron de forma organizada a empleados para respaldar al actual dirigente, lo que, aseguró, impidió que existieran condiciones de competencia justa.
Asimismo, denunció que durante el proceso de inscripción de la Planilla Blanca se impusieron obstáculos administrativos y requisitos que el propio dirigente no habría cumplido. Entre ellos, destacó la exigencia de haber participado en al menos dos asambleas durante el año anterior, a pesar de que, según sus declaraciones, no se realizó ninguna asamblea en ese periodo, lo que representaría una violación directa a los estatutos sindicales.
Otro de los señalamientos se centra en el manejo de los recursos financieros del sindicato. De acuerdo con la representante de la planilla opositora, no existe claridad sobre el estado real de las finanzas, debido a la falta de informes, rendición de cuentas o auditorías internas, lo que ha generado inconformidad entre los agremiados.
“La dirigencia se ha conducido como si estuviera por encima de cualquier cuestionamiento, sin permitir revisiones ni transparencia”, sostuvo Rosado Miranda.
Durante el proceso de registro, también se habrían presentado prácticas clientelares, como la presunta entrega de alimentos y bebidas a simpatizantes, acción que, según la denunciante, pudo haberse financiado con recursos del propio sindicato. En este contexto, señaló la actuación de un empleado identificado como Tony Soberanís, quien —afirmó— habría favorecido abiertamente al dirigente en turno, en lugar de conducirse con imparcialidad.
La parte denunciante aseguró que estas prácticas forman parte de una estrategia sistemática para perpetuarse en el poder, ya que García Vázquez acumularía cerca de 26 años al frente del sindicato, situación que resulta incompatible con el espíritu de las reformas laborales que buscan fomentar la democracia sindical y evitar liderazgos perpetuos.
Ante este panorama, se solicitó formalmente la nulidad del proceso de inscripción y la suspensión de la entrega de la toma de nota, hasta que se realice una investigación exhaustiva sobre todas las irregularidades denunciadas.
Rosado Miranda expresó además su preocupación por una posible falta de imparcialidad de las autoridades locales, debido a presuntos vínculos del dirigente con funcionarios estatales. No obstante, advirtió que, en caso de no obtener justicia a nivel local, continuarán el proceso legal ante instancias federales.
“Tenemos temor de que nuestras demandas sean desechadas por influencias políticas, pero no vamos a renunciar a la lucha por un sindicato democrático y transparente”, concluyó.