La Sociedad Interamericana de Prensa señala que existen graves deficiencias en el funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas en México 

En México, tres periodistas han sido asesinados desde octubre pasado: María Elena Ferral, Álvaro Ruiz y Fidel Ávila Gómez. 

En el informe sobre la situación de la libertad de prensa en México, la Sociedad Interamericana de Prensa indica que la estructura de protección para periodistas no ha mejorado. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Cuenta Pública 2018 al Congreso, el Estado ha fallado en la protección a periodistas y defensores humanos. En 2018 el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicaran las causas de los rechazos. 

El organismo fiscalizador destacó que en la Protección Integral de Periodistas el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas y aquellas acciones para protegerlos de los riesgos “han resultado fallidas”. 

Agregó que las labores de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República para prevenir las agresiones, proteger la vida e integridad del gremio periodístico, así como atender a las víctimas y procurar justicia, “fueron implementadas de forma deficiente”. 

Las algunas normativas, el incumplimiento de funciones y la falta de rigor técnico y de voluntad política con los que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, han ocasionado un aumento de la vulnerabilidad en los casos de periodistas. 

El Mecanismo de Protección no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel estatal, debido a que de las 32 entidades federativas solo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo”, señala el documento de la ASF. 

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de delito. 

Sigue un rezago del 69.5% para averiguaciones previas y del 58.6% en carpetas de investigación, lo que no permitió evitar la impunidad de los agravios, no garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad. 

El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, anunció que propondrá una legislación que equilibre la libertad de opinión y el derecho a la dignidad pública de las personas, según se lo ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El senador independiente, Emilio Alvarez Icaza Longoria, está recopilando opiniones de periodistas para su proyecto de ley para reconocer los derechos profesionales, laborales y establecer estímulos fiscales a pequeñas empresas periodísticas. 

El 12 de febrero la diputada del partido de Morena, Rocío Barrera Badillo, anunció que no habría una nueva ley de carácter general para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y que en cambio presentará cuatro paquetes de iniciativas para modificar 12 leyes. 

El primer paquete buscará reformar la ley de protección que de aprobarse le daría al Mecanismo Federal de Protección más alcance en el país, ampliaría las medidas de protección y garantizaría el presupuesto anual.

El Código Civil Federal, el Código Nacional de Protección de Procedimientos Penales buscará proteger el periodismo ante los excesos de demandas y sanciones por acusaciones de calumnia y difamación. 

El 28 de enero un juez civil, en segunda instancia, condenó al periodista y académico Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos —aproximadamente medio millón de dólares— al político y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por dañar su honor en una columna periodística. Al día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó atraer el caso como última instancia.

Aguayo había publicado en su columna del periódico Reforma que el ex gobernador de Coahuila y miembro del partido PRI “es un político que desprende el hedor corrupto, que, en el mejor de los casos, fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Moreira fue absuelto de los cargos de corrupción y demandó al periodista por daño moral.

Aguayo hizo un depósito de 450 mil pesos para evitar el pago mayor de 10 millones, y está en espera de que la SCJN atraiga su caso y emita una sentencia definitiva.

Rodolfo Ruiz, director del portal de noticias E-Consulta, con 18 años operando y autor de la columna “La Corte de los Milagros”, está enfrentando cuatro demandas establecidas por igual número de funcionarios allegados al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afiliado al partido Morena, al que pertenece el presidente López Obrador. Cada demanda, por daño moral, es por 5 millones de pesos, y todas están redactadas de la misma manera.

Los funcionarios han tildado de mentiroso a Ruiz en eventos públicos, aunque nunca usaron derecho de réplica ni petición de aclaración a E-Consulta. Pasaron del ataque público a la demanda. Las cuatro demandas están interpuestas por el mismo despacho de abogados y en todos los casos se solicitan embargos precautorios.

El 27 de febrero Dámaso López Serrano fue sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión como autor intelectual del crimen del periodista y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas.

El 18 de marzo, a casi 3 años de su asesinato, fue condenado Juan Carlos “N” alias El Larry, como coautor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017. El juez determinó que el asesinato fue producto de las publicaciones de la periodista.

La SIP también emitió una resolución sobre la impunidad en México en la que, si bien expresó beneplácito al gobierno por contar con el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo otorgarle mayores recursos económicos y profesionales y estimular su trabajo en coordinación con todas las entidades nacionales y estatales para proteger a los periodistas.