La evasión de 23 personas privadas de la libertad tras un violento ataque armado al penal de Puerto Vallarta volvió a encender las alarmas sobre la fragilidad del sistema penitenciario en México, especialmente en contextos de violencia vinculada al crimen organizado.
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que la fuga ocurrió el domingo durante los bloqueos registrados tras la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con el funcionario, el ataque fue ejecutado por un grupo armado que utilizó un vehículo para derribar uno de los portones del centro penitenciario y posteriormente abrió fuego contra las instalaciones, lo que permitió la irrupción de los agresores y generó caos al interior del penal.
“De momento la información que se tiene al realizar el pase de lista es que son 23 los PPL que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las distintas entidades federativas para su captura”, señaló Hernández.
Durante la agresión, un custodio perdió la vida mientras intentaba repeler el ataque, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los trabajadores penitenciarios y la limitada capacidad de respuesta ante incursiones armadas de gran escala. Tras el ingreso de los atacantes, también se reportaron conatos de riña dentro del penal, situación que agravó el desorden y facilitó la fuga.
Las autoridades activaron alertas en todo el país para localizar a los evadidos, mientras personal penitenciario realizó el recuento oficial con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de garantizar transparencia en el proceso.
Más allá del operativo de búsqueda, el episodio deja al descubierto fallas estructurales en la seguridad carcelaria: desde la capacidad de un grupo criminal para penetrar un centro de reclusión con un vehículo hasta la ausencia de protocolos que impidan fugas masivas en escenarios de alto impacto.
Especialistas advierten que este tipo de ataques no solo buscan liberar a integrantes de organizaciones delictivas, sino también enviar mensajes de poder y control territorial. El hecho de que ocurriera en medio de bloqueos coordinados sugiere una operación simultánea destinada a saturar la capacidad de respuesta de las autoridades.
La fuga también plantea interrogantes sobre la clasificación de los internos, los niveles de seguridad del penal y la posible presencia de reos vinculados a estructuras criminales capaces de movilizar comandos armados para su rescate.