La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en contra de una persona detenida en Quintana Roo, por lo que emitió la recomendación 33/2022 dirigida a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Lucio Hernández Gutiérrez, puesto que participaron la Guardia Nacional y elementos estatales.
Mediante un comunicado, la CNDH informó sobre esta recomendación que deriva de una queja en contra de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Quintana Roo en Cancún, y que fue presentada el 4 de noviembre de 2019.
“La víctima fue detenida por elementos policiacos de Seguridad Pública estatal y de la Guardia Nacional y trasladada a la base de la primera dependencia mencionada, donde fue golpeada y torturada por los elementos de las dos corporaciones”, cita el comunicado.
En las instalaciones de Seguridad Pública del estado la víctima fue valorada por un médico de la dependencia, quien no dejó testimonio escrito de que la persona iba golpeada, pese a que así lo indican los protocolos y sin embargo, tras su detención, la persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
La CNDH acreditó las violaciones a los derechos humanos al encontrar elementos en el contenido de la queja; la omisión del médico adscrito a la Policía Quintana Roo por omitir una exploración exhaustiva de la víctima, y certificar que no contaba con lesiones aunque tenía varias, así como la opinión médica-psicológica especializada que hizo la CNDH el 23 de junio de 2021, y las inconsistencias que obran en los informes rendidos al organismo por las autoridades responsables.
También se solicitó a la secretaria de la SSPC y al secretario estatal que, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a la persona agraviada en sus derechos, que incluya una compensación justa, en términos de la Ley General de Víctimas. Asimismo, que se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, así como para que se le brinde la atención médica y psicológica que requiera.
Pide, además, que se colabore con el seguimiento de la carpeta de investigación que existe en la FGE de Quintana Roo y la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante los Órganos Internos de Control de la SSPC y de Seguridad Pública de Quintana Roo.
Y adicionalmente Derechos Humanos solicita que se diseñen e impartan cursos en materia de respeto a los derechos humanos, para prevenir que se repitan hechos como los que dieron origen a esta recomendación.
“Dichos cursos deben incluir los derechos a la libertad personal, seguridad jurídica y a la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con énfasis en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, dirigidos a los servidores públicos implicados”, concluye la recomendación.