El aislamiento por la emergencia sanitaria del Covid-19, está generando más abuso, más violencia física, y al estar conviviendo más tiempo con los agresores, pone en riesgo a los menores, manifestó Víctor Manuel Chan Martín, presidente de Hogares Maná. 

En el marco del Día del Niño, Chan Martín, junto con Gustavo Arjona Canto, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), Ivette Laviada Arce, presidenta del Centro de Formación Integral de la Mujer (Cefim), Luis Edwin Mugarte Guerrero, especialista en materia penal, Silvia Sartí González, presidenta de Vida y Familia, A.C. (Vifac) y  Joselyne Castrejon, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia en Yucatán, se manifestaron en la urgencia de visibilizar esta problemática, en donde Yucatán ocupa el segundo lugar a nivel nacional por agresiones sexuales a menores de edad.  

Chan Martín indicó que a pesar de solo tener el registro de que en 2017 hubo entre 300 y 500 denuncias, actualmente, “el abuso sexual en Yucatán es muy fuerte toda vez que persiste el temor para denunciar, negligencias o largos procesos, por lo que las personas no quieren denunciar; por eso estamos aquí para poner en la mesa de las autoridades, de la sociedad y de las familias, sobre todo en esta contingencia, la importancia de realizar las denuncias”. 

Expresó que en Yucatán hay mucho comportamiento insano, de abuso sexual, para los niños yucatecos, “y si las familias protegen, solapan y esconden a los familiares agresores, esto seguirá, por eso pedimos que las familias se responsabilicen de denunciar, exponer e incluso buscar ayuda profesional a los familiares agresores”. 

Además de que, recalcó, el gobierno debe generar  estrategias de intervención, de sensibilización y atención para las familias, previniendo y atendiendo de manera muy oportuna y directa, no solo a las víctimas, sino a las familias y a la comunidad, debe haber una intervención comunitaria, y eso parece que no hay”. 

Dijo desconocer si las autoridades, en este momento de la pandemia, estaban atendiendo este problema, “pero si puedo decir que varias asociaciones si estamos haciendo algo dentro de la influencia que podemos tener, que es limitada, pero no sabemos si el Gobierno está haciendo una actividad muy concreta”. 

Añadió que se ha normalizado tanto este problema, que incluso se han diversificado los abusos, cada vez es más complejo, “tenemos conocimiento que en los últimos años hay personas que se gratifican sexualmente tomando fotografías de sus hijas o algún menor cercano estando desnudas, y esto difícilmente se podrá saber, a menos que se descubra en el momento de la acción, se lleva a cabo este abuso sin siquiera tocar y sin violencia”.

“Tenemos conocimiento también de adolescentes con historial de abuso sexual, que normalizan estar con un varón adulto, lo sabemos por testimonio y que hemos llegado a obligar a los papás a denunciar en la Fiscalía; hemos encontrado esos encuentros provocados de adultos con esos jóvenes adolescentes que están en esa vulnerabilidad, producto de un abuso sexual”, añadió. 

El activista expuso que también tienen evidencia que la pornografía es un factor de abuso, que altera neurotrasmisores enseñando al cerebro que es gratificante, por lo que ya no se conforman con mirar una pantalla, sino que lo llevan a la práctica; “es por eso que nos urge, no solo una legislación que si es de avanzada, pero que faltan unos detalles, sino que las mismas familias asuman la responsabilidad de vigilar a sus niños y detectar comportamientos que pudieran avisar de ese abuso”. 

Por su parte, Ivette Laviada Arce, presidenta del Centro de Formación Integral de la Mujer (Cefim), lamentó que Yucatán esté catalogado en el segundo lugar a nivel nacional en el tema de agresiones a menores de edad, “pero lo que nos preocupa es la manera en que se llega a normalizar el abuso, es decir, ya hemos avanzado, sabemos que por cada caso que hay denunciado hay muchos más que no denuncian, precisamente porque se han normalizado estas conductas dentro de la familia y no se percibe como abuso”. 

“Lo que tratamos de hacer como asociación es hacer llegar la información a la mayor cantidad posible de gente, para que sepan que no son conductas normales y que sí están tipificadas”, dijo. 

Señaló que era muy difícil tener datos duros sobre el número de denuncias, pero que en 2019,  de enero a octubre, había alrededor de 73 casos denunciados, “hay muchos casos más que no salen a la luz; por tratarse de menores de edad la Fiscalía tiene que ser muy hermética en la vinculación de los datos, hasta que no se comprueban el caso de abuso, son muchas cosas, pero como sociedad civil nos toca prevenir y alertar, exhortar a las autoridades a que hagan su trabajo y entre todos tratar de que esto se acabe”.   

De igual forma, el Juez Luis Edwin Mugarte Guerrero, indicó que es importante difundir las reformas en el Código Penal, como el artículo 310 que señala que es de oficio, “significa que el papá o cualquier persona que sepa de ese abuso puede denunciar, y la autoridad en cuanto tenga conocimiento de ese abuso debe actuar”. 

Indicó que esto hasta hace algunos años era por querella, “lo que generaba que el papá o el familiar llegaba a un arreglo con el agresor y por ende terminaba el asunto. 

“La Ley dice que debe ser pronto y expedito y ejercer las medidas de protección; por ejemplo, el Código Nacional en su artículo 137 dice que se puede separar al agresor del menor, dependiendo de la situación”, dijo. 

Añadió que las penas se incrementaron exponencialmente, ya que en un principio permitían una solución alterna para llegar a una sentencia, que era el pago para reparar el daño, “ahora no se puede, la pena mínima es de 6 años por tocar a un menor de 15 años o persona mayor de esa edad, y la pena máxima rebasa los 13 años de prisión”. 

Recalcó que es importante difundir las penas para que la gente sepa que ya no hay perdón o acuerdo preparatorio, ni solución alterna, y que aún con el procedimiento abreviado, que es otra forma de terminar con los procesos, o el juicio, aún con reducciones y penas bajas, la persona no va a salir de prisión, porque se reformó también el artículo 95, que prohíbe que aquel que tenga una pena de 4 años de prisión no pueda tener beneficio en sus juicios penales. 

“Si se denuncia, se tiene muchas posibilidades de que se haga justicia, de que se sancione severamente al agresor”, agregó. 

El Juez Mugarte expuso que el artículo constitucional reformado señala que el abuso sexual de menores es de prisión preventiva, y quien agreda sexualmente a un menor va a estar preso, no puede llevar un proceso de libertad. 

“Yucatán estableció que todo delito sexual en agravio de menores es imprescriptible, lo que significa que si un menor de 8 años de edad  es agredido, no sabe cómo denunciar, no tiene quien lo apoye y el agresor es el padre y en ese momento no puede hacer nada, cuando adquiera la mayoría de edad el delito aún puede denunciar”, dijo. 

Añadió que aunque no existe una evidencia concreta, en los últimos años ha aumentado el suicidio de menores de edad, “¿qué lleva a un menor a privarse de la vida?, pudiera ser que vive violencia familiar o es víctima de agresión sexual y que ante esa impotencia de no saber qué hacer o no poder ser protegido prefiera salir por la puerta falsa; por eso siempre he dicho que se deben investigar ciertos suicidios porque pudiera haber detrás de ellos una impunidad”. 

Finalmente, coincidió en que se debe ofrecer terapia no solo al menor agredido, sino a toda la familia; además, “quien sepa de un delito sexual, en agravio de menores, va a ser sancionado hasta por 5 años de prisión si no denuncia, “pero esto no es suficiente, debe haber un listado a nivel nacional de aquellos que han sido condenados por agresión sexual”.  

Al Poder Legislativo:  
1.- La armonización de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán con la Ley General considera las reformas que ha tenido este ordenamiento, sobre todo, para proteger a niñas, niños y adolescentes en desamparo, como uno de los factores que ha propiciado maltrato y abuso sexual infantil.

2.- Crear una legislación especial a fin de definir la operatividad, infraestructura y capacidad del personal en los Centros de Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes públicos y privados, propiciando una supervisión constante y permanente que permita tener el control de sus acciones y prevenir cualquier tipo de maltrato o abuso sexual a niñas, niños y adolescentes que ahí se encuentran.

3.- Dar continuidad a las recomendaciones legales emitidas en el Cuarto Informe de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la CIDH en el “Informe Sobre Situación de Derechos Humanos en México”, en la que se refiere a fortalecer las medidas para cumplir con las obligaciones de prevenir, sancionar, investigar y erradicar la violencia perpetrada contra niños, niñas y adolescentes, así como de reparar las violaciones de los derechos humanos y considerar los agravantes correspondientes dada la edad de la víctima. 

Al Poder Ejecutivo:  
1.- Instruir al personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes.
Asimismo, que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.

2.- Crear una base de datos que reúna los casos que involucren algún tipo de maltrato o abuso sexual infantil que conozca la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, entre otras.

3.- Imponer infracciones administrativas a las y los servidores públicos estatales cuando propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento en contra de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 28 de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con independencia de la sanción que corresponda por la comisión de un delito.

4.- Formular programas y que se impartan cursos de formación permanente para prevenirla y erradicarla de cualquier forma de maltrato o abuso sexual infantil.

5.- Promover en coordinación con el Poder Legislativo y Judicial las reformas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato o abuso sexual infantil.

Al Poder Judicial: 

1.- Atender con prontitud cualquier asunto en el que niñas, niños y adolescentes se posicionen como la víctima proveyendo las medidas necesarias para su protección, así como la atención inmediata de su salud física, psicológica y la de su familia.

2.- Garantizar la capacitación permanente y sensibilización que requiere la atención de casos que involucren niñas, niños y adolescentes.

A los ayuntamientos:  

1.- Implementar a la brevedad las unidades administrativas especializadas de primer contacto con niñas, niños y adolescentes y la emisión del Protocolo correspondiente de conformidad con el artículo 11 y 11 quater de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, a fin de que puedan detectar cualquier tipo de maltrato de niñas, niños y adolescentes, o bien, el abuso sexual infantil.

2.- Promover la capacitación, conocimiento y sensibilización de las y los servidores públicos municipales para identificar cualquier forma de maltrato o abuso sexual infantil.

3.- Implementar programas formativos para informar y dar a conocer los derechos de la niñez. (Verónica Camacho)