Un juez federal vinculó a proceso a cuatro integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), señalados por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos por más de 40.7 millones de pesos, mediante contratos presuntamente simulados para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y servicios de mantenimiento de equipo hospitalario.
La resolución fue emitida por el juez de control José Antonio Martínez Alvarado, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, quien determinó iniciar proceso penal contra los capitanes Germán Díaz Olivier y Miguel Ramos de la Cruz, así como contra el primer maestre retirado José Ricardo Hernández Moncada y el tercer maestre Carlos Norberto Tirado Jauri.
Los cuatro militares enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta y cohecho.
Pese a la vinculación a proceso, el juzgador rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para imponer la prisión preventiva justificada, por lo que los imputados continuarán su proceso en libertad, bajo diversas medidas cautelares.
Entre las condiciones impuestas se encuentran la obligación de acudir a firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, la prohibición de salir del país, la entrega de sus pasaportes y la restricción de acercarse a testigos relacionados con la investigación.
Asimismo, el juez concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 26 de enero y el 31 de mayo de 2024, periodo en el que presuntamente se autorizaron pagos por 40 millones 746 mil 71.76 pesos mediante 14 facturas relacionadas con la compra de medicamentos, material médico y servicios de mantenimiento que, según la FGR, nunca fueron entregados a la Secretaría de Marina.
La Fiscalía sostiene que los recursos fueron transferidos a un particular y a dos empresas mediante adjudicaciones directas para la adquisición de diversos insumos, entre ellos pruebas rápidas, material quirúrgico, medicamentos, mantenimiento de equipos médicos especializados, tóner para impresoras y papelería.
Como parte de la investigación, uno de los proveedores involucrados declaró ante las autoridades que habría devuelto en efectivo una parte importante de los recursos recibidos, conservando únicamente el monto correspondiente al pago de impuestos, servicios y su comisión.
Según la FGR, los ahora procesados habrían intervenido en la captura y autorización de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) utilizadas para liberar los pagos dentro de los sistemas administrativos de la Semar.
Durante la audiencia inicial, que se prolongó por cerca de 18 horas, las defensas de los militares rechazaron las acusaciones y afirmaron que durante la investigación fueron víctimas de presuntas irregularidades, incluyendo actos de tortura y corrupción para incriminarlos.
No obstante, el juez consideró que esos señalamientos no invalidaban, por el momento, los elementos presentados por la Fiscalía, al estimar que la imputación no se sustentaba en pruebas obtenidas mediante los presuntos actos denunciados, por lo que resolvió vincularlos a proceso mientras continúan las investigaciones.