Un nuevo golpe a los ecosistemas del sureste mexicano quedó al descubierto en el municipio de Champotón, donde autoridades federales clausuraron de manera total temporal un predio tras confirmar la destrucción de aproximadamente 52 hectáreas de selva mediana subperennifolia en el ejido Dzitbalché Castellot.
La acción fue ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de constatar que en el sitio se realizaron actividades de derribo, arranque y eliminación de vegetación forestal sin contar con la autorización obligatoria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para cualquier cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
El operativo tuvo lugar el pasado 13 de febrero, cuando inspectores federales, acompañados por elementos de la Guardia Nacional, realizaron una inspección en la zona. Durante el recorrido confirmaron que la vegetación original había sido removida de forma sistemática en una extensa superficie, dejando un paisaje devastado donde antes existía cobertura forestal con alto valor ecológico.
Ante la ausencia de permisos federales, las autoridades procedieron a colocar sellos de clausura total temporal, con lo que se prohíbe cualquier actividad adicional en el predio mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Profepa informó que iniciará un procedimiento administrativo sancionador y dará vista a las autoridades ministeriales para determinar posibles responsabilidades penales por el daño ambiental ocasionado, que podría derivar en multas millonarias e incluso en procesos judiciales contra los responsables.
Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientalistas han señalado de manera reiterada que este tipo de clausuras suelen llegar cuando el daño ya es irreversible. La pérdida de 52 hectáreas de selva implica la desaparición de hábitat para numerosas especies, la alteración de ciclos hídricos y la liberación de carbono almacenado durante décadas, efectos que no se revierten con sanciones administrativas.
Además, el caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las zonas forestales del sureste frente a actividades ilegales vinculadas a la expansión agrícola, ganadera o inmobiliaria, muchas veces realizadas con maquinaria pesada y bajo esquemas difíciles de rastrear.
Profepa aseguró que mantendrá vigilancia en el área para garantizar el cumplimiento de la clausura; no obstante, comunidades y expertos advierten que sin monitoreo permanente y sanciones ejemplares, la presión sobre los ecosistemas continuará.
La devastación en Dzitbalché Castellot se suma a una creciente lista de afectaciones ambientales en la región, donde la selva —uno de los patrimonios naturales más importantes de México— sigue perdiendo terreno frente a intereses económicos que, en numerosos casos, avanzan más rápido que la capacidad de las autoridades para detectarlos y frenarlos.