En un estado que presume ser de los más seguros del país, ahora surge un escándalo que, irónicamente, no tiene que ver con delincuencia organizada tradicional… sino con la versión “oficial” de la misma. Señalamientos difundidos en redes y círculos empresariales advierten sobre la presunta operación de una red de cobros irregulares ligada a la Coordinación Estatal de Protección Civil, bautizada con sarcasmo como el “Cártel PROCIVY”.
De acuerdo con la información disponible, funcionarios y colaboradores cercanos habrían participado en un esquema de multas administrativas infladas y dictámenes técnicos cuestionables, en el que los negocios terminaban pagando cifras estratosféricas para poder seguir operando —o para evitar problemas mayores, según denuncias.
Entre los nombres mencionados se encuentra José Luis Pimentel, identificado como funcionario de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Mérida, así como Hernán Hernández, director de un organismo vinculado, además de Ángel Herrera.
💸 Multas de “fantasía”… con ingresos muy reales
Los señalamientos apuntan a que algunos establecimientos habrían sido obligados a pagar hasta 45 mil pesos por sanción administrativa, pero solo alrededor de 10 mil pesos ingresaban oficialmente a las arcas públicas. El resto, presuntamente, desaparecía en un limbo contable bastante conveniente.
Dicho de otro modo: la autoridad sancionaba, cobraba y —según las acusaciones— también “administraba” una parte considerable del castigo fuera de cualquier registro. Una especie de impuesto paralelo, pero sin Congreso, sin transparencia y sin recibo fiscal.
🧾 Dictámenes caros… y aparentemente irregulares
El esquema no terminaría ahí. También se señala la participación de un ingeniero de apellido Jiménez, quien habría emitido dictámenes técnicos con costos superiores a los 50 mil pesos, requisito indispensable para regularizar o mantener en funcionamiento ciertos negocios.
El detalle incómodo: el profesionista presuntamente no contaría con cédula profesional ni firma oficial registrada para expedir este tipo de documentos. Es decir, diagnósticos carísimos… firmados por alguien que, en teoría, no estaría autorizado para hacerlo.
Según las versiones difundidas, su incorporación habría sido una forma de retribuir favores previos a funcionarios involucrados, garantizando así beneficios económicos significativos para el grupo.
🏪 Empresarios entre la espada y la multa
Comerciantes afectados describen un panorama donde cumplir con la ley no necesariamente garantizaba tranquilidad, pues siempre podía aparecer una nueva observación técnica, un nuevo requisito o una nueva sanción.
El mensaje implícito —según denunciantes— era claro: pagar rápido y sin hacer preguntas resultaba más sencillo que enfrentarse a cierres, clausuras o trámites interminables.
🗳️ Silencio incómodo en tiempos políticos
El caso ha comenzado a salpicar el ambiente político local, pues ocurre bajo la administración estatal encabezada por Joaquín Díaz Mena y en el contexto del gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre investigaciones formales relacionadas con estos señalamientos.
Mientras tanto, el tema crece en redes sociales, donde usuarios cuestionan si se trata de hechos aislados, una red de corrupción estructurada o simplemente “rumores incómodos” que nadie quiere confirmar ni desmentir.
Llamado a denunciar
Personas que aseguran haber sido afectadas por estas presuntas prácticas han solicitado que otros empresarios presenten denuncias formales o compartan evidencias —como recibos, fotografías o documentos— para dar seguimiento al caso.