La posibilidad de una huelga en la industria de la radio y la televisión se mantiene latente y podría estallar en los últimos minutos del 27 de febrero. De no alcanzarse acuerdos, el paro laboral iniciaría formalmente el 28 de febrero a las 12:01 de la madrugada, generando un impacto inmediato en estaciones de todo el país y colocando a la delegación estatal en una posición particularmente sensible.
En Yucatán, la situación adquiere un matiz político y laboral complejo para el STIRT Yucatán, cuya dirigencia enfrenta el reto de conciliar la estabilidad local con un conflicto de alcance nacional.
La secretaria general, Natalia López, ha señalado en reiteradas ocasiones que la relación con el gobierno estatal y con los concesionarios de medios en la entidad es positiva. Sin embargo, el proceso de negociación nacional ha puesto a prueba esa cercanía institucional y abre cuestionamientos sobre la postura que adoptará la organización en caso de que el paro se concrete.
Impacto inmediato en medios de comunicación
Si la huelga estalla, los efectos serían visibles desde el primer minuto. Los trabajadores sindicalizados tendrían que suspender actividades, lo que implicaría dejar de operar consolas, cabinas y equipos de transmisión. Esto paralizaría la programación habitual tanto en radio como en televisión, afectando noticieros, contenidos de entretenimiento y transmisiones en vivo.
Aunque la fecha límite se mantiene, el emplazamiento ha sido diferido previamente con el objetivo de sostener negociaciones entre sindicatos y concesionarios a nivel nacional. Este aplazamiento refleja la intención de evitar el paro, pero también confirma que el conflicto de fondo —principalmente la revisión salarial del Contrato Ley y la incertidumbre regulatoria del sector audiovisual— continúa sin resolverse.
Un antecedente que pesa dentro del sindicato
A la tensión actual se suma un episodio que ha marcado la vida interna de la organización: las acusaciones por presunto fraude vinculadas al ex dirigente Ricardo Acedo Samaniego. El caso generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos sindicales y dejó una huella de desconfianza entre algunos sectores del gremio.
Este antecedente añade presión a la dirigencia actual, que enfrenta la necesidad de demostrar fortaleza y transparencia en medio de una coyuntura nacional compleja.
Lectura política en Yucatán
En el ámbito local, el eventual respaldo a una huelga representaría un momento clave en la relación entre el sindicato y el Gobierno del Estado de Yucatán. Más allá de lo laboral, la decisión tendría implicaciones políticas, al evidenciar que las demandas de los trabajadores podrían prevalecer sobre cualquier alineación institucional.
El mensaje sería contundente: cuando se trata de derechos laborales, las afinidades políticas pasan a segundo plano.
¿Quién pierde en un escenario de paro?
El conflicto plantea un dilema de alto costo para todos los actores involucrados. Para el sindicato, una huelga implica riesgos económicos, desgaste organizativo y posibles fracturas internas. Para los concesionarios, representa pérdidas operativas y comerciales. Para el gobierno, el impacto sería principalmente político, al quedar en entredicho la estabilidad del sector mediático.
Hoy, incluso sin haberse concretado, la sola posibilidad de una huelga ya altera el equilibrio entre trabajadores, empresas y autoridades.
El conflicto del STIRT trasciende lo estrictamente laboral: se ha convertido en una prueba de poder y negociación entre sindicatos, industria y gobierno. Y en ese tablero, cualquier decisión —ya sea el acuerdo o el paro— tendrá consecuencias que irán mucho más allá de las cabinas de radio y los estudios de televisión.