Mientras el discurso oficial habla de prevención, bienestar y cero corrupción, en la comisaría de Caucel la realidad explotó —literalmente— antes de que Protección Civil moviera un dedo.
Un polvorín que almacenaba grandes cantidades de pirotecnia estalló en una vivienda ubicada en la calle 23 entre 8 y 10, evidenciando que, al menos en este caso, la estrategia de “protección” consistió en esperar a que todo volara por los aires para entonces sí aparecer con chaleco oficial y cara de preocupación.
Al sitio arribó personal de Protección Civil del Estado encabezado por su director, Hernán Hernández, funcionario que en redes sociales es señalado no precisamente por prevenir riesgos, sino por presuntamente convertir las inspecciones en oportunidades de negocio.
Según múltiples denuncias ciudadanas, el titular de Procivy recorre empresas y comercios en distintas localidades del estado bajo el argumento de supuestas irregularidades en materia de seguridad, pero —siempre de acuerdo con estos señalamientos— la solución no es corregir riesgos, sino pagar. El método sería exigir la contratación de “terceros acreditados” convenientemente designados, previo desembolso de miles de pesos para permitir la operación o evitar clausuras.
Así, mientras los polvorines operan sin supervisión real hasta que explotan, la prioridad parecería estar en otra parte: la caja registradora.
Las críticas también apuntan al estilo de vida del funcionario, quien, según denuncias difundidas en redes, se desplaza en vehículos de lujo, una imagen que contrasta con el mantra de la Cuarta Transformación que presume austeridad, cero privilegios y combate frontal a la corrupción… al menos en el discurso.
El caso de Caucel deja una pregunta incómoda flotando entre los escombros:
¿Protección Civil está para proteger a la población o para cobrar por mirar hacia otro lado hasta que ocurre la tragedia?
Porque cuando la prevención falla, lo único que queda claro es que la corrupción no necesita chispa: sola se enciende.